La intersección entre el poder militar y el ejercicio del derecho plantea preguntas que el sistema judicial dominicano raramente se hace en voz alta: ¿puede el rango institucional de quien litiga influir en la respuesta judicial ante sus actuaciones?

La arquitectura del privilegio

Un oficial de las Fuerzas Armadas ostenta acceso a recursos que el ciudadano común no tiene: conexiones institucionales, capacidad de movilizar presión informal y, en algunos casos, acceso a armamento y estructuras de poder. Cuando ese perfil coincide con un historial judicial cuestionado, el análisis institucional se vuelve obligatorio.

La igualdad ante la ley es la distancia que existe entre el texto constitucional y la experiencia real del ciudadano frente a quien tiene poder.

El patrón que documentamos

El CMJ ha identificado casos donde actores con posiciones institucionales privilegiadas acumulan declaraciones de litigante temerario sin que ello se traduzca en consecuencias disciplinarias por parte de sus instituciones de origen. Este vacío entre jurisdicciones es uno de los mecanismos que permite la reproducción de la impunidad.